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Morón aprueba municipalizar el SAD mientras sus trabajadoras renuncian a cobrar como personal del Ayuntamiento

 diariodemoron.com|Morón|29/04/2026

 El pleno del Ayuntamiento de Morón de la Frontera ha dado luz verde a la municipalización del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), en una sesión marcada tanto por el debate político como por la incertidumbre jurídica y laboral que rodea al proceso. La decisión llega, además, en un contexto en el que las trabajadoras del servicio han renunciado a percibir sus salarios como empleadas municipales.

Durante el debate plenario, el Grupo Popular expresó su rechazo a la propuesta en los términos actuales, defendiendo una postura basada “en el respeto a la legalidad y en los informes de los técnicos municipales” como única vía “seria y responsable” de gestión pública.

Los populares advirtieron de que el acuerdo que sustenta la municipalización no es firme, al encontrarse recurrido en los tribunales, lo que —según señalaron— introduce un elemento de inseguridad jurídica. “Seguir adelante sin esperar una resolución judicial puede generar problemas legales”, expusieron.

Asimismo, cuestionaron la solidez técnica del proyecto, indicando que parte de la propuesta se apoya en documentos “no vinculantes” o en informes sin carácter técnico, lo que, a su juicio, debilita la iniciativa.

En materia laboral, el Grupo Popular puso el foco en la falta de claridad sobre aspectos clave como la subrogación del personal o el convenio aplicable. Según defendieron, esta indefinición podría derivar en conflictos laborales o en un incremento de costes no previstos para las arcas municipales.

Desde el punto de vista económico, también alertaron de previsiones que consideran alejadas de la realidad, especialmente en relación con el absentismo, lo que podría encarecer el servicio una vez municipalizado.

En su intervención, los populares criticaron además lo que consideran un desprecio hacia el trabajo de los técnicos municipales, acusando al equipo de gobierno de “ignorar o retorcer” los informes existentes para respaldar su postura política.

El grupo planteó interrogantes concretos sobre el futuro del servicio, como qué ocurriría si algún trabajador reclamara la aplicación del convenio del Ayuntamiento o si la Inspección de Trabajo interviniera, recordando que ya se han producido actuaciones recientes en el consistorio por otros motivos.

Finalmente, cuestionaron la gestión del proceso en los últimos años, preguntando por qué no se hizo público el servicio tras decisiones anteriores y por qué, tres años después, el asunto sigue sin resolverse de forma definitiva.

“Lo más sensato es hacer las cosas bien”, concluyeron, apostando por revisar el planteamiento, reforzar los informes técnicos y garantizar seguridad jurídica antes de adoptar decisiones con impacto a medio y largo plazo.